HUGO CAÑÓN (1947-2016).
Es difícil agregar algo a lo que ya se ha dicho sobre Hugo Cañón. Su rechazo a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, que derivó en declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Cámara Federal de Bahía Blanca, sus investigaciones en casos de corrupción, violencia institucional y daños ambientales, su rol como co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, su incursión por la política partidaria en el Encuentro por la Democracia y la Equidad. A fin de 2010 Cañón se acercó a nuestra Universidad, fortaleciendo los vínculos de la UNGS con la CPM, sobre todo con el programa “Jóvenes y Memoria”.
Pero en el contexto político que estamos transitando en la Argentina, me resuena especialmente parte de la experiencia compartida a su lado en Bahía Blanca, donde se puso en evidencia una de sus facetas más ponderables: su tenacidad e inteligencia para identificar oportunidades de lucha en escenarios desfavorables. Me refiero a los Juicios por la Verdad realizados a fines de los 90, cuando el entonces Procurador General de la Nación instruyó a los fiscales federales de todo el país para implementar medidas procesales que ayudaran a esclarecer el destino de las víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura.
Iniciados en 1998, aún vigentes las leyes de impunidad, esos juicios buscaban revelar “la verdad” de lo ocurrido entre 1976 y 1983. Tres años antes, un importante porcentaje de argentinos había reelegido al presidente Carlos Menem, ratificando el rumbo de sus políticas y generando un panorama en el que, en un marco de derrota para el movimiento de DDHH, las luchas por la memoria, la verdad y la justicia parecían perder eficacia. En Bahía Blanca, Cañón debió enfrentar el escepticismo de muchos militantes que afirmaban que a la “verdad” ya la conocíamos, y que si no permitían imputar y condenar a los culpables los Juicios eran una pérdida de tiempo.
Sin embargo, su repercusión pública fue muy significativa, y muchos bahienses literalmente “descubrieron” las aberraciones de la dictadura gracias a la difusión de las audiencias, que tuvieron una interesante cobertura por diversos medios de comunicación, algunos de ellos posiblemente convencidos que se trataba de una inofensiva catarsis. Allí pudieron escucharse impactantes revelaciones de víctimas y familiares, así como de (desmemoriados) victimarios y cómplices. Testimonios de sobrevivientes que tras 15 años de democracia no habían hablado con nadie sobre lo que habían vivido.
Los Juicios ampliaron el consenso en el repudio a los crímenes de la dictadura y al terrorismo de Estado, dieron ocasión a varios pedidos de procesamiento por falso testimonio (como los del cura Aldo Vara y el Teniente Coronel Julián Corres) y sobre todo permitieron acopiar información valiosísima que varios años después, derogadas las leyes de impunidad, fue utilizada en los juicios contra los perpetradores del genocidio y permitió la condena a los responsables del V Cuerpo de Ejército, la Base Naval Puerto Belgrano y diversas fuerzas de seguridad impulsada por los sucesores de Cañón: los fiscales Córdoba, Palazzani y Nebbia.
En síntesis: una (aparentemente) pequeña batalla se volvió jalón de un histórico hecho político por la profunda reparación jurídica y social que significó ese conjunto de condenas y por la apertura al enjuiciamiento a civiles, sacerdotes y empresarios. Ojalá que la memoria y el ejemplo de Hugo Cañón nos ayuden a que la derrota no se vuelva derrotismo y a que la desilusión no incube exasperaciones miopes ni espejismos de atajos milagrosos. Ojalá aprendamos su actitud de mantener la serenidad, la mirada larga y la convicción de que así como ninguna victoria es irreversible, tampoco ninguna caída es definitiva.
Daniel Maidana (ICO)
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