A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO.
El 24 de marzo de 1976 fue cesanteado un puñado de jueces designados en la breve primavera camporista, una especie exótica en la fauna forense. Una defensora, un fiscal y decenas de trabajadores judiciales fueron asesinados y desaparecidos. Pero nada pasó para el Poder Judicial. El foro porteño aportó a la dictadura sus cuadros y acompañó al régimen sin cuestionamientos. El paquete de leyes represivas que esperaban el golpe para ver la luz fueron aceptadas y aplicadas. Es que el Poder Judicial se autopercibe, con más o menos hipocresía, como un ente cuya legitimidad no se valida con los estándares republicanos y democráticos de la Constitución Nacional. En la agonía de la dictadura, unos pocos jueces avanzaron en algunas causas por crímenes de los que hoy llamamos de lesa humanidad. A la par, pasaron el 10 de diciembre de 1983 las causas que pretendieron darle soporte a la apropiación de empresas bajo la acusación de “subversión económica”, mientras languidecían aquellas donde se investigaba el latrocinio del patrimonio nacional.
Poca fue la zozobra para el Poder Judicial con el retorno democrático: obligados a recibir el acuerdo del Senado, solo fueron removidos los jueces federales, los más identificados con la dictadura, algunos de los cuales fueron designados en las justicias locales. Con el menemismo, muchos más de los antes desplazados volvieron a cargos relevantes de la justicia federal. Una decisión del Presidente Alfonsín quebró la apacible vida de la grey judicial: el Juicio a la Juntas desacreditaba la legalidad del régimen que había habitado la mayoría de los jueces, funcionarios y empleados judiciales de la novel democracia, entre ellos los de la propia Cámara Federal. Pero tal contraste no se extendió a toda la justicia federal: en el resto del país los tribunales imprimieron el tradicional ritmo cansino a los procesos por los crímenes de la dictadura, de modo que cuando llegaron las normas de impunidad ninguno había perturbado a los imputados. Pocas excepciones rompieron el unánime consentimiento del Poder Judicial a esas normas. La Corte no estuvo entre ellas.
Poco después, el menemismo ejecutó una formidable obra de ingeniería judicial con la reforma del sistema de enjuiciamiento penal federal, que garantizó la impunidad para los delitos de corrupción. A quince años de ese gobierno pocas causas quedan en pie y menos aún finalizaron con condenas. Con la llegada del kirchnerismo, que apoyó el proceso de apertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad emprendido años antes, una parte del Poder Judicial federal dio un salto respecto de sus colegas de la primera etapa de la transición democrática. Más allá de las dificultades, esto permitió el juzgamiento de los crímenes de la dictadura por los tribunales regulares y con la legislación ordinaria, características inéditas en el mundo. Hoy, jueces que comenzaron las investigaciones de esos crímenes están presos por haber protagonizado los hechos que debían juzgar, lo que demuestra una vitalidad destacable de este dispositivo estatal. Queda el interrogante acerca de cuánto de ella se mantendrá sin que el juzgamiento de esos crímenes sea política de Estado.
Desde aquellos años del menemismo se visualiza al Poder Judicial federal como un entramado promiscuamente relacionado con la comunidad de inteligencia del Estado como intermediaria con el Poder Ejecutivo en relaciones de armonía, sumisión o desafío, según la etapa que atraviese esa relación ilegal. Cuando las políticas de Estado comenzaron a desafiar a los poderes fácticos concentrados, el Poder Judicial se alineó claramente con ellos, abandonando al Poder Ejecutivo mientras favorecía a sectores de la política alineados con aquellos poderes. La suerte de la judicialización de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el ejemplo más elocuente, pero no el único. Es este un tiempo en el que el Poder Judicial se ha transformado en un actor de la política cuya intervención ha excedido su cometido constitucional, hasta contribuir a definir el resultado de las disputas electorales. A cuarenta años del golpe, queda pendiente una activa política para su democratización y el retorno a su quicio constitucional.
Félix Pablo Crous
Fiscal de la Procuración
General de la Nación.
Miembro fundador y directivo
de Justicia Legítima.
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